Perú supera crisis constitucional tras intento de golpe de Estado

El intento de Pedro Castillo de establecer un gobierno de excepción en Perú ha recordado a toda América Latina las peores épocas bajo los regímenes de facto. Ayer miércoles, la nación peruana vivió, paradójicamente, una jornada que puso en vilo su vida democrática desde un poder electo democráticamente: la presidencia. 

Habiendo asumido el poder el mes de julio de 2021, después de un cerrado e impugnado proceso electoral en el que derrotó a Keiko Fujimori, Castillo comenzó un conflictivo mandato en el que privó una sistemática confrontación con el Poder Legislativo y otras instituciones del Estado. “El corazón abierto” con el que dijo haber llegado al cargo no bastó para alcanzar acuerdos y menos aún consensos con la oposición sobre el futuro del país. Lejos de esto, el país comenzó a vivir una crisis política cada vez más profunda, atizada por las innumerables acusaciones de corrupción que pesan sobre su gobierno.

La mañana de ayer, Castillo quiso anticiparse a otro intento de destitución —ya había sobrevivido a dos—  como resultado de las cinco investigaciones judiciales por corrupción y obstrucción de la justicia, entre otras, que perseguían a su gobierno desde hace meses. La forma de hacerlo no pudo ser más desastrosa: anunciando la disolución del Congreso y decretando un Gobierno de excepción. 

Buscaba repetir, así, los pasos del padre de su principal opositora, Alberto Fujimori, quien en 1992, pero con una gran popularidad y el apoyo de las fuerzas armadas, intervino el congreso y otras instituciones como el poder judicial.

La aventura golpista de Castillo duró tan solo unas cuantas horas. De inmediato, incluso los miembros de su gabinete comenzaron no sólo a renunciar sino a señalar sus pretensiones dictatoriales. Varios ministros, como el de Trabajo, Economía y el de Relaciones Exteriores, presentaron su renuncia, lo mismo que el embajador de Perú ante la ONU. Incluso las fuerzas armadas decidieron mantenerse respetuosas del orden constitucional. De esa forma, su propósito de convocar a otras elecciones al Congreso y aprobar una nueva Constitución ha fracasado y desde el día de ayer Perú cuenta, por una decisión del Congreso, con Dina Boluarte —vicepresidenta en el gobierno de Castillo—  como la primera mandataria en 200 años de historia. 

Castillo formaba parte hasta ayer de ese club de mandatarios latinoamericanos que se denominan o autodenominan «de izquierda” y que ha ido ampliándose, pero lo cierto es que muy pronto muchos de sus aliados, desconcertados, tuvieron que externar al menos su preocupación por los sucesos. El Gobierno de Alberto Fernández hizo “un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional”. Sin embargo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que justamente hoy preside Argentina no emitió ningún comentario.

El Gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, optó por solidarizarse “con el hermano pueblo de Perú” y condenar “todo atentado contra la democracia, venga de donde venga”. Igualmente, el Gobierno chileno de Gabriel Boric lamentó lo ocurrido y expresó su confianza en que la situación “se pueda resolver a través de mecanismos democráticos y el respeto al Estado de derecho”.

En Iberoamérica, España fue la nación que levantó la voz de modo más enfático, condenando sin reservas la “ruptura del orden constitucional en Perú”, y celebrando el posterior “restablecimiento de la normalidad democrática”. El Ministerio de Asuntos Exteriores de este país remarcó que ”España siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional”, afirma.

Por su parte, México tuvo como primera reacción un tuit del canciller Marcelo Ebrard donde se anunció el aplazamiento de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el próximo miércoles en Lima, debido a  “los últimos acontecimientos”.

Poco después, en la misma red social, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló: “Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”.

Junto con esta abierta justificación de los motivos que llevaron a Castillo a decretar la disolución del Congreso y el toque de queda, quedó abierta la posibilidad de que México diera asilo a Pedro Castillo, dada la preocupación expresada (en un noticiario del Grupo Radio Fórmula) por el canciller Marcelo Ebrard en torno de su “integridad física”. 

De hecho, lo que se sabe hasta el momento es que Pedro Castillo tenía planeado ir a la Embajada de México en Lima antes de que el pleno del Congreso se pronunciara sobre su moción de destitución. De acuerdo con el diario peruano El Comercio, “luego de dar su mensaje y de anunciar el cierre inconstitucional del Congreso, Castillo se comunicó con el comandante general de la policía Raúl Alfaro (quien se encuentra de licencia por razones médicas) en busca de respaldo. Alfaro le respondió que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que su postura estaba con la preservación del orden constitucional”.

La ausencia de apoyo entre los mandos policiacos condujo a que se le ordenara a su chofer “proceder con la detención”. De esa forma, según el diario El Comercio, “la camioneta gris de lunas polarizadas que lo llevaba se detuvo al frente de la Clínica Internacional y, junto con personal de la Subunidad de Acciones Tácticas, se ejecutó el arresto y se procedió a llevarlo a la sede de la Prefectura de Lima donde queda la sede de la Región Policial de la capital”.

Y así, con la ilusión de viajar a México donde percibe que tiene buenos amigos, terminó el gobierno de Pedro Castillo y el intento de cancelar la vida democrática en su país.