El 2 de diciembre avanzaron las discusiones en el Congreso de México sobre la nueva Ley de Aguas, promovida por el gobierno federal. La propuesta, que busca regular el uso, distribución y preservación del recurso hídrico, ha generado preocupación entre diversos sectores agrícolas, quienes señalan que ciertos artículos podrían afectar su productividad y encarecer procesos de riego.
Organizaciones campesinas manifestaron su inconformidad y advirtieron la posibilidad de reactivar bloqueos en carreteras, autopistas y casetas si no se realizan modificaciones que consideren las necesidades reales del campo mexicano. Señalan que la ley podría favorecer a grandes industrias en detrimento de pequeños productores, quienes dependen del acceso asequible al agua para sostener su producción.
Por su parte, autoridades federales respondieron que el objetivo de la ley es proteger el recurso hídrico ante el creciente estrés climático y garantizar un manejo más equitativo. Afirmaron que aún existen mesas de diálogo abiertas para ajustes, y que se busca un equilibrio entre desarrollo económico, preservación ambiental y derechos comunitarios.
El avance del dictamen ocurre en un contexto de preocupación por la sequía en diversas regiones del país, donde la demanda de agua supera la disponibilidad. La discusión continuará en próximos días, y se espera que las negociaciones entre gobierno y organizaciones rurales definan el futuro inmediato de la iniciativa.
