Una grave denuncia ha sacudido al ámbito médico en Puebla. September Vélez, nutrióloga y madre de dos menores, acusó públicamente a su expareja, el médico cirujano Armando Sigala Cervantes, de violencia física y vicaria, así como de la sustracción ilegal de sus hijos. La denuncia fue difundida a través de un video en redes sociales, donde Vélez muestra evidencias de agresión y amenazas previas por parte del acusado. En el video, Vélez afirma: “Estoy viva, pero pude no estarlo”, subrayando la gravedad de los hechos .
Según el relato de Vélez, los hechos ocurrieron el 16 de mayo, cuando Sigala Cervantes, tras haber sido previamente denunciado por amenazas con arma de fuego, sustrajo a sus hijos a pesar de que ella tenía la custodia legal otorgada por una jueza de Puebla. La madre asegura que desde entonces no ha tenido contacto alguno con los menores, calificando la situación como un posible caso de secuestro. Además, denunció que el médico instaló un dispositivo GPS en su vehículo para monitorear sus movimientos, lo que incrementó su temor por su seguridad y la de sus hijos .
Ante estos hechos, Vélez solicitó la intervención urgente de las autoridades estatales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar y sancionar al presunto agresor. En su mensaje, pidió protección para ella y sus hijos, así como justicia por los agravios sufridos. A pesar de que se le otorgó una medida de restricción al acusado, Vélez considera que no es suficiente para garantizar su seguridad .
El Hospital Ángeles Puebla, institución privada donde Sigala Cervantes laboraba, emitió un comunicado condenando los hechos y anunciando la suspensión del médico en cuestión. La institución expresó su compromiso con los principios éticos y humanos, indicando que la medida se aplica tanto en sus instalaciones en Puebla como en cualquier otra sede perteneciente al grupo .
Este caso resalta la importancia de abordar la violencia vicaria y la sustracción de menores, delitos que afectan profundamente a las víctimas y a la sociedad en general. Es fundamental que las autoridades actúen con prontitud y eficacia para prevenir y sancionar estos delitos, garantizando la protección de los derechos de las víctimas y la impartición de justicia.
