El 1 de junio de 2025, México llevó a cabo su primera elección judicial, permitiendo a los ciudadanos elegir directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este proceso inédito fue impulsado por una reforma constitucional promovida por el partido Morena, con el objetivo de democratizar el sistema judicial y reducir la impunidad. Sin embargo, la reforma ha generado preocupación por el posible debilitamiento de la independencia judicial y la politización del Poder Judicial.
A pesar de la trascendencia histórica del evento, la participación ciudadana fue limitada. Según encuestas, solo el 52% de los mexicanos mostró interés en votar en las elecciones judiciales, una disminución respecto al 66% registrado en enero. Además, el 55% de los encuestados indicó que estaba poco o nada informado sobre el proceso. Estos datos reflejan una falta de conocimiento y preparación para un proceso electoral de tal magnitud.
Uno de los aspectos más criticados del proceso fue el diseño de las boletas electorales, que en algunas regiones llegaron a contener hasta 12 boletas diferentes. Esta complejidad dificultó un voto informado y transparente. Además, el nuevo sistema de conteo de votos, administrado por sedes distritales, generó incertidumbre sobre la certeza y equidad del proceso electoral. El Observatorio Electoral Judicial alertó sobre estas deficiencias, señalando que solo el 4.1% de los aspirantes tenía asegurada su victoria por factores ajenos a sus propuestas.
En el ámbito político, la reforma judicial ha sido vista como una apuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum para consolidar su poder. El partido Morena dominó el proceso electoral, lo que ha generado preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes en el país. La oposición ha criticado la reforma, argumentando que podría debilitar la división de poderes y consolidar el control de Morena sobre todas las instituciones.
A pesar de las controversias, la reforma judicial ha contado con el apoyo de una mayoría de mexicanos. Una encuesta reveló que el 56% de los encuestados está a favor de la reforma al Poder Judicial, y el 63% apoya la elección de jueces y magistrados. Sin embargo, el interés en votar ha disminuido, lo que plantea desafíos para la legitimidad del proceso. El éxito o fracaso de esta reforma podría definir el legado de la «Cuarta Transformación» y la credibilidad del sistema judicial mexicano.
