El Gobierno del Estado de Puebla informó que analiza la aplicación de sanciones contra la empresa concesionaria del servicio de agua potable, luego de detectarse el incumplimiento de una inversión comprometida por 300 millones de pesos destinada a infraestructura hidráulica durante 2025.
Las autoridades estatales señalaron que el faltante de recursos fue expuesto ante el Consejo Consultivo del organismo operador, donde se evidenció que la inversión pactada no se ejerció conforme a lo establecido en el convenio, lo que impactó en acciones de modernización, mantenimiento y mejora de la red de distribución.
Aunque la revocación de la concesión implicaría un proceso complejo y un alto costo financiero para el estado, el gobierno dejó en claro que exigirá el cumplimiento de las obligaciones contractuales y no descartó la imposición de sanciones si persisten las omisiones por parte de la empresa responsable del servicio.
De manera paralela, la administración estatal anunció medidas para garantizar el suministro de agua en zonas con mayor desabasto, entre ellas el fortalecimiento del apoyo mediante pipas, con el objetivo de atender a la población y evitar afectaciones sociales derivadas de la falta del servicio.
