Una reciente reforma al Código Penal de Puebla ha encendido las alarmas entre activistas, académicos y defensores de derechos digitales, debido a la ambigüedad en la redacción del delito de ciberasedio, lo que podría abrir la puerta a la criminalización de opiniones y críticas en redes sociales.
El cambio legal contempla sanciones para quien, a través de medios digitales, ofenda, insulte o veje de forma insistente, causando daño emocional o psicológico. Las penas van de varios meses a años de prisión, así como multas económicas, y han sido justificadas por sus promotores como una herramienta para proteger a las víctimas de violencia digital, en particular a mujeres, menores de edad y personas vulnerables.
Sin embargo, especialistas advierten que los términos usados en la ley son vagos y subjetivos, lo que podría dar pie a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades. También señalan que esta ambigüedad podría utilizarse como un mecanismo de censura, inhibiendo la libertad de expresión y generando un efecto de autocensura entre periodistas, activistas y ciudadanos que ejercen su derecho a opinar o criticar públicamente a funcionarios.
Otro de los puntos señalados es que la legislación deja fuera a servidores públicos como posibles víctimas, lo que refuerza la preocupación de que sea utilizada para proteger a figuras políticas de cuestionamientos legítimos por parte de la sociedad civil. También se ha criticado la rapidez con la que fue aprobada, sin un proceso de consulta amplio ni participación ciudadana suficiente.
A la par de estas críticas, ya se han comenzado a interponer recursos legales por parte de ciudadanos y organizaciones que consideran que la norma puede ser inconstitucional. Existen también llamados desde distintos sectores para revisar y reformular el artículo, garantizando que no se utilice para coartar el debate público ni criminalizar la opinión.
Esta situación abre un debate urgente sobre cómo equilibrar la protección frente a la violencia digital sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.
