La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México desmintió categóricamente que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado la extradición de políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico. En un comunicado emitido el 11 de junio de 2025, la dependencia afirmó que es «absolutamente falso» que en las reuniones sostenidas con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se hayan transmitido solicitudes para investigar, perseguir o extraditar a funcionarios mexicanos.
Esta declaración surge en respuesta a una nota publicada por Reuters, que señalaba que el gobierno de Donald Trump estaba presionando a México para investigar y procesar a políticos con supuestos vínculos con el crimen organizado, y en caso de tener cargos en EE. UU., extraditarlos. La SRE destacó que las conversaciones bilaterales se han centrado en la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación «sin subordinación y respeto a los derechos humanos».
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, fue mencionada en la nota de Reuters como una de las presuntas funcionarias a quien EE. UU. pediría investigar. Sin embargo, la SRE aclaró que no ha recibido ninguna solicitud formal al respecto. Además, la gobernadora señaló que la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos no obedece a ningún delito o falta, sino que se trata de una decisión administrativa sin explicación oficial.
Es importante señalar que, en ocasiones anteriores, el gobierno mexicano ha extraditado a narcotraficantes de alto perfil a EE. UU. en respuesta a solicitudes formales. Por ejemplo, en febrero de 2025, México extraditó a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, indicó que este traslado se realizó en respuesta a una solicitud fundada del gobierno de EE. UU.
En resumen, la SRE ha rechazado las afirmaciones de Reuters sobre solicitudes de extradición de políticos mexicanos por parte de EE. UU., subrayando que las relaciones bilaterales se mantienen bajo los principios de respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación. Las autoridades mexicanas continúan comprometidas con la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, actuando conforme a la ley y en defensa de los intereses nacionales.
