El Gobierno de México ha informado que los beneficiarios de la Pensión Bienestar en los estados de Durango y Veracruz no recibirán el pago correspondiente al bimestre mayo-junio de 2025. Esta medida se debe a la veda electoral que prohíbe la entrega de programas sociales durante los procesos electorales locales, con el fin de evitar influencias indebidas en el voto de los ciudadanos. En lugar de los pagos habituales, los adultos mayores en estas entidades recibieron un depósito doble en marzo, cubriendo los bimestres de marzo-abril y mayo-junio, por un total de 12,400 pesos.
La veda electoral, que entró en vigor en marzo, es una disposición legal que busca garantizar la imparcialidad y transparencia en los procesos electorales. Durante este periodo, se suspenden las entregas de programas sociales para evitar cualquier tipo de influencia en la intención de voto de los ciudadanos. Por esta razón, los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio fueron adelantados en marzo para los beneficiarios de Durango y Veracruz.
Es importante destacar que esta suspensión temporal solo afecta a los residentes de Durango y Veracruz. Los beneficiarios en el resto de los estados del país recibirán su pago correspondiente al bimestre mayo-junio según el calendario establecido, sin alteraciones. Los montos de los apoyos se mantienen en 6,200 pesos bimestrales para adultos mayores, 3,200 pesos para personas con discapacidad permanente y 3,000 pesos para mujeres de 60 a 64 años.
Para los adultos mayores en Durango y Veracruz, el próximo pago de la Pensión Bienestar se realizará en julio de 2025, correspondiente al bimestre julio-agosto. Es recomendable que los beneficiarios en estas entidades planifiquen sus finanzas adecuadamente, considerando que no recibirán un nuevo depósito hasta el mes de julio. Para obtener información adicional o resolver dudas, se recomienda a los derechohabientes comunicarse con la Línea de Bienestar al número 800 900 2000 o acudir a las oficinas de la Secretaría del Bienestar en su localidad.
Esta medida refleja el compromiso del Gobierno de México con la transparencia y la equidad en la distribución de los recursos públicos, asegurando que los programas sociales no interfieran con los procesos democráticos del país.
