El 14 de septiembre, el gobierno mexicano anunció un nuevo ajuste al impuesto sobre bebidas azucaradas, proponiendo aumentarlo de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos. La medida forma parte del presupuesto para 2026 y apunta a enfrentar el problema de la obesidad, ya que México registra uno de los consumos más altos de refrescos en el mundo, lo que está relacionado con enfermedades crónicas como la diabetes. Mientras algunos sectores saludan la decisión como urgente para mejorar la salud pública, otros critican que podría ser una estrategia recaudatoria más que preventiva. La discusión se centra en si realmente cambiará los hábitos de consumo y si los costos recaerán sobre los más vulnerables.
