En México, la próxima elección judicial ha generado controversia debido a la candidatura de Silvia Delgado, abogada que defendió a Joaquín «El Chapo» Guzmán. Delgado se postula para jueza penal en una votación histórica que busca elegir a todo el poder judicial del país por voto directo. Su pasado como defensora del líder del Cártel de Sinaloa ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos y transparencia, que la incluyen en una lista de «alto riesgo» debido a posibles conflictos de interés.
Delgado rechaza estas acusaciones, argumentando que su trabajo como abogada se limitó a garantizar el derecho de defensa de su cliente y que no representa una amenaza para la imparcialidad judicial. Asegura que su candidatura se basa en su experiencia y compromiso con la justicia, y que está dispuesta a someterse a cualquier escrutinio que se le requiera.
Sin embargo, expertos en derechos humanos advierten que la elección de candidatos con vínculos al crimen organizado podría socavar la confianza pública en el sistema judicial. Miguel Alfonso Meza, director de la organización Defensorxs, señala que incluso si Delgado no ha cometido delitos, su relación pasada con el Cártel de Sinaloa podría generar presiones indebidas y comprometer su independencia como jueza.
La situación plantea un dilema ético y legal sobre la idoneidad de candidatos con antecedentes polémicos para ocupar cargos judiciales. Mientras algunos defienden el derecho de los abogados a ejercer su profesión sin prejuicios, otros temen que tales vínculos puedan influir en decisiones judiciales y afectar la legitimidad del sistema de justicia.
Este debate subraya la necesidad de establecer criterios claros y transparentes para la selección de jueces, que garanticen su imparcialidad y compromiso con el Estado de derecho. La sociedad mexicana enfrenta el reto de equilibrar el derecho a la defensa legal con la exigencia de un poder judicial autónomo y confiable.
